Una iniciativa legislativa presentada por la diputada provincial Marisa López propone que el Gobierno de San Juan adopte criterios de sostenibilidad a la hora de realizar compras y contrataciones. La idea central es que el Estado privilegie la adquisición de productos y servicios que respeten el ambiente, reduzcan el uso de recursos naturales y minimicen la generación de residuos.
El proyecto de ley, denominado “Programa Provincial de Compras Públicas Sostenibles”, plantea una transformación progresiva en la manera en que el sector público gestiona sus compras. López, ex ministra de Hacienda, sostuvo que se trata de una evolución necesaria que ya tiene fundamentos en normativas previas, como la Ley 2000-A de contrataciones públicas.
“El gasto público tiene un enorme poder transformador, y al orientar las compras del Estado hacia opciones más responsables, no solo cuidamos el ambiente, sino que también promovemos la innovación y la equidad social”, señaló la legisladora en diálogo con la prensa.
La propuesta alcanza tanto a los organismos estatales como a los proveedores que deseen vincularse con el Gobierno provincial. Se contempla además la formación de agentes estatales y empresas privadas en conceptos clave de sostenibilidad, con el fin de adaptar sus prácticas a esta nueva visión.
La iniciativa incorpora criterios ambientales, sociales y económicos en todo el ciclo de vida de los bienes o servicios adquiridos. Esto abarca desde la redacción de pliegos hasta la ejecución de contratos.
Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:
- Promover empresas comprometidas con el cuidado ambiental y la responsabilidad social.
- Implementar indicadores para evaluar la sostenibilidad de proveedores.
- Fomentar el consumo responsable entre los ciudadanos.
- Reconocer públicamente a las firmas que implementen buenas prácticas sostenibles.
Además, la propuesta invita a los municipios a adherir voluntariamente, y establece que el Ministerio de Economía junto al de Producción serán las autoridades de aplicación.
El proyecto ya comenzó a ser analizado en la Legislatura provincial y se espera que obtenga respaldo de otros bloques, dado que la agenda ambiental y de innovación tecnológica también forma parte del discurso oficial del gobierno actual.
