Una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA) ha revelado irregularidades en las rendiciones de cuentas de organizaciones sociales a nivel nacional, y San Juan no quedó exenta. El informe, que forma parte de una causa judicial en curso, señala a dos proveedores locales involucrados en maniobras sospechosas.
Según el reporte, dos proveedores de la provincia emitieron facturas por idénticos montos en fechas coincidentes para la “Asociación Civil 18 de Mayo”. El 12 de julio de 2022, ambos presentaron facturas por $194.498, y una situación similar se repitió el 26 de diciembre de ese año, esta vez con un monto de $658.490,66. La repetición de proveedores y la coincidencia de montos han generado sospechas y forman parte de la investigación por presunta defraudación.
El informe también revela inconsistencias en las actividades declaradas por los proveedores. En varios casos, los monotributistas estaban inscriptos ante la AFIP en rubros diferentes al de la facturación presentada. Por ejemplo, un proveedor registrado para “servicios de transporte automotor de mercaderías” emitió facturas por venta de alimentos. Además, una carnicería que figura inscripta para la venta minorista de carnes emitió facturas por productos de almacén en cantidades mayoristas.
El escándalo se origina a partir de una denuncia del Ministerio de Capital Humano, que reveló fallas en el sistema de control de los comedores populares. Según una auditoría, el 47,5% de los comedores registrados nunca funcionaron o dejaron de operar, mientras que el 27% de los datos presentados en la preinscripción eran incorrectos. Estas irregularidades reflejan una falta de supervisión en el uso de los subsidios y recursos destinados a los comedores.
El informe de la OA fue remitido a la Fiscalía a cargo de Ramiro González, quien investiga posibles imputaciones contra referentes de las organizaciones involucradas y exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, pero el organismo solicitó que se cite a varios testigos y se colabore con entidades como la Inspección General de Justicia (IGJ) y el INAES para profundizar la investigación.
