El juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, previsto para el lunes a primera hora, perfila una postergación. El jefe comunal debía enfrentar cargos por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, pero una presentación de último momento alteró el cronograma judicial.
El planteo de la defensa
A través de su abogado, Castro solicitó que se haga valer un acuerdo alcanzado con el Concejo Deliberante de Angaco. En ese entendimiento ofreció una reparación simbólica de $5 millones por el presunto daño ocasionado.
La causa se originó a fines de 2019, cuando el Concejo —con otra conformación— lo denunció por haber utilizado presuntamente maquinaria y personal municipal en un predio propio ubicado en Chimbas.
El miércoles al mediodía, luego de que el Concejo aprobara una ordenanza avalando el convenio, el intendente presentó formalmente el pedido para evitar el juicio oral.
El rol clave de la Fiscalía
El tribunal de juicio, integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que ahora debe analizar el planteo y emitir una opinión.
El punto central es si la postura fiscal será vinculante o no. En el actual sistema acusatorio, el Código Procesal Penal y fallos de la Corte de Justicia establecen que, para una solución alternativa del conflicto, el consentimiento de la Fiscalía es determinante, ya que implica desistir de la acción penal.
Sin embargo, el hecho investigado ocurrió antes de la plena implementación del sistema acusatorio en San Juan, lo que abre una discusión técnica sobre la aplicabilidad de ese criterio.
Además, se trata de un funcionario público, condición que complejiza aún más la posibilidad de cerrar el caso mediante un acuerdo conciliatorio.
El antecedente invocado
En su presentación, Castro citó como antecedente el acuerdo alcanzado en 2022 por el expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Fiesta de Olivos”, donde se aceptó una reparación económica para evitar el juicio, con aval fiscal.
La defensa sostiene que debe aplicarse un criterio similar. No obstante, fuentes judiciales remarcan que en aquel caso existió consentimiento del Ministerio Público.
Qué puede pasar
El escenario inmediato es claro:
- Si la Fiscalía rechaza el acuerdo y el tribunal coincide, el juicio avanzará.
- Si la Fiscalía presta conformidad y el tribunal lo acepta, Castro evitaría el debate oral.
En caso de una resolución negativa para el intendente, la decisión no sería apelable y el juicio se realizaría. De ser aceptado el acuerdo, el jefe comunal evitaría enfrentar una eventual condena que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Con los tiempos procesales en juego, resulta prácticamente imposible que haya una definición antes del lunes a las 8.30, por lo que la postergación del juicio aparece como el escenario más probable.
