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Published on: Provinciales

La denuncia del SEP contra el intendente de Zonda quedó en el ámbito administrativo

La denuncia que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) había presentado contra el intendente de Zonda, Juan José Atampiz, no tendrá continuidad en la Justicia penal. Desde la Fiscalía confirmaron que las irregularidades señaladas —como la presunta existencia de “ñoquis” en la planta municipal, incluidos familiares del jefe comunal— no constituyen delitos y deben resolverse dentro del circuito administrativo de la comuna.

El dictamen judicial precisó que se trata de posibles faltas en el cumplimiento de funciones, para las que ya existen herramientas previstas en la normativa municipal, como sumarios internos, sanciones o cesantías. En ese sentido, se subrayó que la vía correspondiente para encauzar la situación es administrativa y no penal.

Asimismo, la Fiscalía destacó que la Constitución provincial reconoce la autonomía de los municipios y que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla mecanismos de control suficientes, entre ellos la intervención del Tribunal de Cuentas, sanciones disciplinarias e incluso recupero de haberes. Por lo tanto, se descartó que existiera un “vacío legal” que justificara la intervención penal.

La denuncia sindical, impulsada por José Díaz y patrocinada por la abogada Vanesa De Dax Sansó, apuntaba a supuestos casos de empleados que cobraban sueldos sin cumplir asistencia, algunos de los cuales solo firmaban planillas una vez por semana o directamente nunca se presentaban.

Para respaldar la presentación, el SEP llevó a una escribana a constatar la situación en las oficinas municipales y entrevistó al jefe de Personal, quien habría admitido estas prácticas. Poco después, el funcionario fue removido de su cargo, lo que el gremio interpretó como una represalia.

La acusación también señalaba directamente al intendente Juan José Atampiz y alcanzaba a su hermano, el diputado y exintendente Miguel Atampiz. El gremio había planteado posibles delitos de defraudación a la administración pública y adulteración de documentos, pero la Fiscalía concluyó que los hechos no encuadran en ninguna figura penal.