El proyecto de ley de proveedores mineros en San Juan atraviesa una fase decisiva. Según explicó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, la iniciativa ya superó la instancia de construcción de consensos y se encuentra ahora en una etapa de ajuste técnico. “Estamos trabajando en la semántica de algunos artículos”, señaló al describir el estado actual del texto.
Tras varios meses de diálogo con operadoras y cámaras empresariales, el proyecto ingresó en la fase de redacción fina, centrada en precisiones jurídicas y conceptuales que definirán su versión definitiva. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el objetivo es garantizar claridad interpretativa y previsibilidad regulatoria, dos factores considerados estratégicos en una industria de inversiones de largo plazo.
El consenso como punto de partida
Perea indicó, en declaraciones al programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, que el tramo más sensible fue la construcción de acuerdos con los actores del sector, entre ellos la Cámara Minera de San Juan y las cámaras de proveedores locales.
La metodología adoptada priorizó el diálogo previo al envío legislativo, con la intención de alinear intereses y reducir potenciales conflictos en la implementación futura. Desde el Gobierno consideran que ese respaldo sectorial aporta estabilidad institucional y económica.
Con los lineamientos generales acordados, el foco ahora está puesto en el pulido normativo: definiciones, alcances y criterios que estructurarán la futura ley. Según la cartera minera, este tipo de revisión es habitual en normativas de alto impacto económico, ya que busca evitar ambigüedades y consolidar coherencia jurídica.
Movimientos en el mercado local
Mientras el proyecto avanza, desde el Ejecutivo señalan que ya se observan señales en el mercado proveedor. El ministro vinculó este proceso con adjudicaciones recientes en proyectos vinculados al cobre, donde empresas sanjuaninas resultaron contratadas para servicios como catering y ejecución de tramos de caminos en el corredor norte.
También mencionó el caso del proyecto Hualilán, donde —según datos oficiales— el 100% de los proveedores y la mano de obra directa e indirecta corresponden a firmas y trabajadores de la provincia.
Una norma con perfil propio
El Gobierno provincial sostiene que la futura ley no replicará esquemas de otras jurisdicciones, sino que buscará adaptarse a las particularidades productivas de San Juan, con una estructura minera consolidada y múltiples proyectos metalíferos en distintas etapas.
La normativa apunta a ordenar criterios de registro, contratación y articulación entre operadoras y empresas locales, con la intención de consolidar la participación del entramado productivo sanjuanino en la cadena de valor minera.
