Tras su aprobación el 12 de diciembre, la nueva Ley de Transporte de San Juan comenzará a aplicarse en abril, una vez cumplido el plazo de 120 días establecido para su reglamentación. Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien aclaró que hasta entonces seguirá vigente el marco normativo actual.
A partir de la entrada en vigencia, el escenario cambiará de manera significativa. Quienes presten servicios de transporte sin estar debidamente registrados y habilitados incurrirán en infracción y podrán ser sancionados con multas y otras penalidades previstas en la nueva norma. El objetivo central es ordenar el sistema y unificar criterios de control para todos los actores.
Uno de los pilares de la ley es la creación del Registro Provincial de Transporte (Reprotran), un padrón obligatorio en el que deberán inscribirse taxis, remises, transporte escolar, colectivos, transporte accesible y vehículos de carga. Para el Ejecutivo, este registro permitirá contar con información precisa sobre operadores, vehículos y condiciones de prestación, mejorando la fiscalización y la trazabilidad del sistema.
El Reprotran también será clave para encuadrar a las plataformas digitales de transporte. Aunque la ley no menciona aplicaciones específicas, fija requisitos concretos para su funcionamiento, como geolocalización, documentación actualizada y controles bajo supervisión provincial, uno de los puntos más debatidos durante el tratamiento legislativo.
En el transporte de cargas, la normativa permitirá elaborar por primera vez un mapa integral de operadores y vehículos que circulan desde y hacia la provincia, una herramienta considerada estratégica para sectores productivos y mineros.
Otro cambio de fondo es la eliminación del esquema de licencias transferibles, que durante años alimentó un mercado informal. El nuevo sistema incorpora un Certificado de Registración personal e intransferible, al que podrá acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos técnicos, de seguridad y habilitación profesional, mediante un trámite digital.
La ley también introduce límites a la concentración: ninguna persona o empresa podrá superar el 25% del parque automotor habilitado para el servicio regular. Además, se redujo el margen de ampliación de recorridos al 25%, con el objetivo de evitar posiciones dominantes y promover un esquema más equilibrado entre operadores.
Finalmente, la norma faculta a la Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de aplicación para impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo flotas híbridas y eléctricas. Con su puesta en marcha en abril, la nueva Ley de Transporte busca marcar un punto de inflexión en la organización y control del sistema en San Juan.
