El tratamiento de la Ley de Glaciares volvió a quedar relegado en el Congreso Nacional y la postergación reactivó las alertas en San Juan, una de las provincias donde la definición del marco normativo resulta clave para el desarrollo de la minería. Con la agenda parlamentaria concentrada en la reforma laboral, el proyecto no fue incluido en la próxima sesión y suma un nuevo capítulo de incertidumbre para los distritos cordilleranos.
La decisión se confirmó al quedar fuera de la convocatoria prevista para la semana entrante. Desde el oficialismo nacional reconocen que cuentan con los votos necesarios para avanzar con la modificación de la norma, pero admiten que el debate se demora por una cuestión de prioridades políticas y tiempos legislativos dentro del Congreso de la Nación.
La indefinición genera inquietud entre los gobernadores de provincias mineras, que siguen con atención el devenir parlamentario. En particular, en San Juan, donde la minería es uno de los ejes centrales de la estrategia productiva, varias iniciativas de gran escala dependen de reglas claras para avanzar hacia nuevas etapas de inversión.
Para la provincia, la Ley de Glaciares no es un debate abstracto. Una eventual modificación tiene impacto directo sobre proyectos metalíferos, especialmente los vinculados al cobre, que requieren previsibilidad jurídica para definir cronogramas y atraer capitales. El texto que impulsa el oficialismo propone una reinterpretación de la norma sancionada en 2010, con cambios en la definición de glaciar y ambiente periglaciar, buscando reducir zonas grises que hoy generan conflictos regulatorios.
En este contexto, San Juan aparece junto a otras provincias cordilleranas como una de las más interesadas en que el Congreso avance con el debate y logre una sanción que otorgue mayor claridad y margen de acción a los distritos en el manejo de sus recursos naturales.
La demora también se analiza en relación con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En el sector minero advierten que, sin una definición sobre la Ley de Glaciares, parte del atractivo del esquema pierde fuerza, ya que persisten dudas sobre la viabilidad de proyectos ubicados en zonas de alta montaña.
Mientras tanto, el contraste se acentúa: el Gobierno nacional busca mostrar señales positivas en foros internacionales, destacando el potencial minero argentino, pero en el plano legislativo la falta de definiciones mantiene en suspenso decisiones clave. Para San Juan, cada semana sin avances suma presión política y prolonga la incertidumbre sobre el futuro de inversiones estratégicas.
