El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley que modifica por completo la regulación del transporte de pasajeros y de carga. Una de las novedades más destacadas es la creación del Registro Provincial de Transporte (Reprotran), donde deberán inscribirse todos los prestadores del servicio, incluidos los choferes que trabajan con aplicaciones como Uber o Didi.
Si un conductor no cuenta con el certificado de registración y es detectado en un control, quedará expuesto a una sanción considerada “incumplimiento gravísimo”. La multa más baja prevista en ese caso es de $14.890.000, cifra que surge de calcular 10.000 Unidades Fijas (UF) sobre el valor actual de la nafta premium. El máximo podría trepar hasta los $22,3 millones.
La iniciativa también elimina el alquiler de licencias de taxis y remises, establece que las habilitaciones sean personales e intransferibles, y unifica las leyes anteriores que regían al transporte de personas y al de carga. Según el mensaje del Ejecutivo, el objetivo es “desalentar el transporte irregular” y modernizar la normativa incorporando modalidades no contempladas antes, como los viajes mediante plataformas digitales.
Otro aspecto clave es la fuerte actualización en el valor de las sanciones: mientras que con la ley vigente las multas leves podían rondar los $100.000, con la nueva escala superarían los $3 millones. Los castigos graves también se multiplican, partiendo desde más de $8 millones.
Con este proyecto, el Gobierno busca ordenar el sistema, aunque quedan puntos abiertos a la reglamentación, como la responsabilidad legal de las plataformas que operan en la provincia.
