El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), con sede en San Juan, enfrenta un escenario incierto luego de que el Gobierno nacional resolviera fusionarlo con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). La noticia, que llegó sin consulta previa y mediante un decreto del Ministerio de Desregulación, encendió las alarmas entre las autoridades del organismo, que temen una pérdida de autonomía y una reducción de sus ya ajustados recursos.
Rodolfo García, director del instituto, advirtió que la medida no representa un ahorro real y sí podría traer consecuencias operativas importantes. Hoy el Inpres cuenta con 40 trabajadores —la mitad que años atrás— y con un presupuesto anual de 250 millones de pesos, recursos que destinan a mantener la red de monitoreo sísmico nacional, entre otras tareas. La institución es clave para el país: estudia la actividad sísmica, aporta a la seguridad estructural en zonas de riesgo y colabora con organismos internacionales.
Desde el Inpres explicaron que aún no saben cómo será el proceso de integración ni qué lugar ocuparán dentro del nuevo organigrama. “Podría tratarse más de una absorción que de una fusión real”, advirtió García, quien remarcó que en el peor de los escenarios se perderían funciones y capacidades técnicas esenciales.
La institución, que tiene 80 años de historia, también expresó preocupación por los convenios internacionales vigentes, como los que les permiten brindar información sísmica a Estados Unidos, Alemania y Naciones Unidas. Por ahora, el objetivo será dialogar con las autoridades del Segemar para preservar el trabajo que vienen realizando, aunque reconocen que no fueron incluidos en la decisión.
