El Gobierno de San Juan impulsará un proyecto de ley para asegurar que al menos el 20% de los contratos en el sector minero, bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sean destinados a proveedores locales, con la posibilidad de superar ese porcentaje. Así lo confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien enfatizó que las empresas deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores que priorice la contratación de empresas sanjuaninas.
El RIGI, aprobado a nivel nacional y adoptado por la provincia, establece un mínimo del 20% para la contratación de proveedores nacionales, pero el nuevo proyecto buscará que dicho porcentaje sea aplicado exclusivamente a empresas de San Juan. Fernández explicó que la iniciativa busca no solo cumplir con este requisito, sino también fomentar el crecimiento del sector productivo local mediante planes que incrementen progresivamente la participación de proveedores sanjuaninos en la actividad minera.
En este sentido, el ministro destacó que el proyecto será presentado en la Cámara de Diputados dentro del primer semestre del año y que establecerá mecanismos para que las compañías mineras se comprometan a ampliar su red de proveedores locales. «No queremos quedarnos con el 20% como un techo, sino que queremos que las empresas asuman el compromiso de superar ampliamente ese número», afirmó Fernández.
Nuevas medidas para el sector industrial
Por otro lado, el ministro también hizo referencia a la reciente implementación de un certificado de crédito fiscal destinado a la industria, el cual permitirá a las empresas cancelar impuestos provinciales como Ingresos Brutos. Esta medida surge tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó a San Juan a eliminar la exención impositiva que beneficiaba al sector.
«No queremos quedarnos con el 20% como un techo, sino que queremos que las empresas asuman el compromiso de superar ampliamente ese número»
A pesar del beneficio del crédito fiscal, algunas empresas han solicitado compensaciones adicionales, alegando que no alcanzarán a cubrir el monto total del impuesto. Sin embargo, Fernández descartó esta posibilidad y sostuvo que el mecanismo actual es suficiente para las verdaderas industrias radicadas en la provincia. «Nuestra evaluación indica que aquellas empresas con una actividad industrial genuina podrán afrontar esta nueva disposición sin problemas», aseveró.
Impacto del granizo y la peronóspera en la producción agrícola
En el ámbito agropecuario, el titular de la cartera productiva brindó detalles sobre los daños causados por fenómenos climáticos recientes, que afectaron aproximadamente 10 mil hectáreas de cultivos en la provincia, principalmente en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Pocito, Caucete y Santa Lucía. Se estima que el nivel de daño promedio ronda el 50% en las zonas afectadas.
Ante esta situación, la provincia trabaja en la declaración de la emergencia agropecuaria, con el fin de gestionar ante Nación beneficios impositivos para los productores damnificados. Según explicó Fernández, el requisito para acceder a estas exenciones es que las pérdidas superen el 40% de la producción, un umbral que muchas de las explotaciones afectadas han alcanzado.
De esta manera, el Gobierno provincial continúa avanzando en distintas estrategias para fortalecer tanto el sector minero como el industrial y agropecuario, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo local.
