El proyecto de nueva ley de Transporte de Personas, impulsado por la gestión orreguista y ya en tratamiento en la Legislatura, introduce modificaciones significativas en el servicio regular de colectivos. Entre los cambios más relevantes, se destaca el endurecimiento de las sanciones: las multas por incumplimientos graves aumentarán desde un 649%, pasando de 1,1 millones de pesos actuales a un mínimo de 8,3 millones.
La normativa vigente distinguía entre infracciones leves y graves, pero el nuevo texto suma la categoría de “gravísimos”, en la que se incluyen 17 conductas que antes eran graves. Allí figuran situaciones como incumplir las obligaciones del contrato de concesión, que un chofer maneje fumando, usando el celular o consumiendo alcohol, o bien interrumpir el servicio de forma indebida.
Otra novedad es la obligación para las empresas de aceptar el traslado de mascotas y animales de compañía, principalmente perros y gatos, en concordancia con la ley de Tenencia Responsable.
En cuanto al esquema empresarial, el proyecto plantea limitar la concentración de líneas al 15%, cuando hoy se permite hasta el 30%. También se habilita a que las compañías puedan adquirir hasta la mitad de su flota mediante leasing, flexibilizando un requisito que hasta ahora exigía tener todos los vehículos a nombre del titular.
La propuesta también redefine el cálculo de las multas, que se fijan en Unidades Fijas (UF) equivalentes a siete Unidades Tributarias (UT), con un valor de 100 pesos cada una para 2025. Así, por ejemplo, una infracción considerada grave pasará de 3,1 millones a más de 8,3 millones de pesos.
Con este paquete de medidas, la iniciativa busca actualizar el marco legal del transporte en la provincia, sumando controles más estrictos, nuevas obligaciones y límites para las empresas concesionarias.
