Con la campaña de las Legislativas 2025 ya cerrada y luego de haber logrado las mayorías necesarias para designar al fiscal general propuesto, Guillermo Baigorrí, el oficialismo provincial prepara un fin de año legislativo cargado de temas pendientes. Con el escenario político más despejado, la prioridad será avanzar con los pedidos de informes demorados sobre la gestión anterior y volver a poner en discusión la Ley de Transporte, un proyecto que quedó en pausa antes de la veda electoral.
Entre los informes que aguardan respuesta, el de mayor peso es el del Acueducto Gran Tulum, una obra estratégica para el abastecimiento de agua en el Gran San Juan y que quedó bajo observación tras irregularidades detectadas por una comisión técnica y expuestas por el vicegobernador Fabián Martín.
Según una evaluación preliminar, alrededor de 10 kilómetros de cañerías instaladas no resultaban aptas para la presión requerida y debieron ser removidas. La pérdida, estimada en US$50 millones, encendió alertas por un posible daño patrimonial significativo.
El panorama podría complicarse aún más: trascendió que los nuevos caños colocados tampoco serían adecuados, lo que comprometería la operatividad del acueducto si se confirma. Mientras tanto, en la Legislatura persisten demoras en la recepción de respuestas formales, pese a los plazos establecidos por reglamento. Varios pedidos quedaron congelados tras la “presentación furiosa” de los primeros meses del año.
El Acueducto no es el único eje de revisión. También se solicitaron informes sobre obras paralizadas, subsidios al transporte, contrataciones de publicidad oficial y demandas judiciales con posible impacto económico para la provincia. La amplitud de temas refleja la intención de realizar una revisión general, aunque la falta de avances genera dudas sobre su efectividad.
Pedidos opositores
La oposición también puso sus propias inquietudes en agenda. Desde el PJ se solicitaron informes sobre residencias geriátricas, intervención de clubes, compra de kits escolares y el eventual apoyo provincial a Flybondi. La Libertad Avanza insistió en obtener precisiones sobre esa misma aerolínea.
Vuelven las leyes clave
Con el clima electoral ya superado, la Ley de Transporte volverá al centro del debate. La iniciativa plantea crear un registro único, eliminar el sistema tradicional de licencias y establecer requisitos más claros para quienes se desempeñan en la actividad.
Según fuentes oficiales, el proyecto se frenó durante la campaña por la “politización” que generó el peronismo. Algunos diputados dialoguistas habían pedido postergar la discusión con el compromiso de acompañarla luego de las elecciones.
Por otro lado, el Ejecutivo enviará a la Legislatura la nueva Ley de Proveedores Mineros, anticipada por el ministro Gustavo Fernández. La propuesta busca fortalecer a los proveedores locales e incorporar definiciones más precisas sobre qué constituye un proveedor de la comunidad directa, provincial o nacional, priorizando a los primeros para potenciar el agregado de valor en la actividad minera.
Con estos temas sobre la mesa, el oficialismo encara las próximas semanas con una agenda intensa. Resta ver si los debates trabados antes de la elección logran avanzar o si volverán a quedar absorbidos por la disputa política.
