La empresa GMS SA, encargada de auditar la Obra Social Provincia (OSP) hasta diciembre de 2023, se vio envuelta en una controversia que ahora suma un componente político: Florencio Randazzo, actual diputado nacional y exministro del Interior y Transporte, formó parte de su directorio durante la vigencia del acuerdo con el gobierno sanjuanino.
El contrato, por el cual GMS SA cobraba 18 millones de pesos mensuales para realizar auditorías quincenales en la OSP, estuvo vigente durante la gestión de Sergio Uñac. Si bien la relación contractual finalizó a fines del año pasado, recientemente se conoció que Randazzo fue designado director de la firma en agosto de 2020, según consta en el Boletín Oficial.
GMS SA se presenta como una empresa especializada en soluciones tecnológicas y auditorías estatales, pero su vínculo con el sector público ha generado señalamientos por diversas contrataciones directas tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández. En el caso de San Juan, no se ha especificado si la adjudicación del contrato con la OSP fue por licitación o contratación directa, pero la provincia afrontaba pagos adicionales de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales solo para la gestión documental de los informes.
El nombre de Randazzo, quien tuvo un rol destacado en la política nacional al desempeñarse en distintos gobiernos peronistas, ha estado ligado a distintos movimientos dentro del escenario partidario. Su ruptura con el kirchnerismo en 2015 marcó su trayectoria posterior, alejándose de Cristina Fernández y apostando por alianzas con dirigentes como Juan Schiaretti, con quien compitió en la fórmula presidencial de 2023.
El rastro de GMS en contrataciones estatales no se limita a San Juan. Bajo la gestión de Alberto Fernández, la firma fue beneficiada con adjudicaciones directas en organismos nacionales, como la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud. Asimismo, su presidente, Jorge Omar Panelli, realizó aportes financieros a la campaña legislativa de 2021 de Unión por la Patria, lo que refuerza su vínculo con sectores políticos.
La empresa volvió a aparecer en el radar mediático en 2024, cuando se mencionó en una nota de La Política Online en el marco de una disputa dentro del Congreso. Según la publicación, sectores del gobierno de Javier Milei habrían puesto el foco en Randazzo y su relación con GMS como parte de una estrategia de presión política en la Cámara de Diputados.
El caso GMS sigue generando interrogantes sobre el modo en que el Estado contrata auditorías y sobre la participación de exfuncionarios en firmas que terminan operando en dependencias gubernamentales. A pesar del fin del contrato en San Juan, su historia y sus lazos con el poder continúan siendo objeto de debate.
