La posibilidad de que la Ley de Proveedores Mineros sea debatida durante el período de sesiones extraordinarias de febrero aparece cada vez más lejana. Así lo expresó el vicegobernador Fabián Martín, quien remarcó que el proyecto aún no ingresó formalmente a la Legislatura y que requiere un análisis exhaustivo antes de avanzar con su tratamiento.
Consultado sobre los tiempos parlamentarios, Martín señaló que existen pocas chances de que la iniciativa llegue al recinto en extraordinarias. Explicó que, una vez presentado, el proyecto deberá cumplir con el recorrido institucional habitual: toma de estado parlamentario, giro a comisiones y evaluación técnica y política por parte de los distintos bloques.
En ese sentido, indicó que el texto definitivo todavía se encuentra en elaboración y que se espera que llegue a la Cámara tras un trabajo conjunto entre los ministerios vinculados a Producción y Minería. Recién entonces podrá comenzar el análisis legislativo correspondiente.
La Ley de Proveedores Mineros fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura de sesiones ordinarias del año pasado y es considerada una de las iniciativas centrales para fortalecer la participación de empresas y trabajadores locales en la actividad minera. A lo largo de 2025, el borrador fue discutido con cámaras empresarias, operadoras mineras y distintos actores de la cadena productiva.
Desde el oficialismo reconocen que aún restan ajustes técnicos y consensos finales, lo que complica un tratamiento acelerado en febrero y abre la posibilidad de que el debate se traslade al período ordinario de sesiones.
Los ejes del proyecto
El proyecto en elaboración cuenta con 23 artículos y propone un esquema flexible basado en acuerdos progresivos. En lugar de imponer cupos automáticos, fija objetivos máximos de hasta un 80% de empleo local y un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos, siempre en función de la capacidad real de oferta existente en la provincia.
Para alcanzar esas metas, las empresas mineras deberán presentar un Plan de Desarrollo de Empleo y un Plan de Desarrollo de Proveedores, donde se detallen plazos y mecanismos para incrementar gradualmente la participación local.
