El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, se refirió este lunes a la convocatoria a un paro de 48 horas anunciada por el Sindicato Médico para los días 18 y 19 del mes. El funcionario manifestó que la medida generó sorpresa dentro del Gobierno provincial, ya que —según indicó— la noticia se conoció de manera informal a través de redes sociales mientras continuaba abierta una instancia de negociación con el gremio.
Desde la cartera sanitaria sostienen que la evolución salarial del sector en los últimos años ha estado por encima de los índices inflacionarios. De acuerdo con datos oficiales difundidos por el ministro, durante 2024 la inflación anual fue del 113%, mientras que los salarios del personal de salud registraron un incremento del 123%. En tanto, en lo que va de 2025, los sueldos acumulan una suba del 44% frente a una inflación estimada del 31%.
Dobladez también rechazó los planteos que hablan de un congelamiento salarial. En ese sentido, señaló que el Ejecutivo provincial ofreció un aumento del 5% para el mes de marzo y que continúan vigentes distintos adicionales incorporados al esquema salarial en los últimos meses.
Entre ellos se destacan ítems vinculados al desempeño profesional y a la especialización. Según explicó el funcionario, existe un adicional por profesionalismo del 3% mensual que ya acumula un 30%, además de un reconocimiento equivalente para quienes cuentan con una especialidad certificada.
Desde el Ministerio indicaron que estas medidas buscan reconocer la formación técnica dentro del sistema sanitario. A esto se suma un proceso de regularización de trabajadores contratados y pases a planta bajo el régimen de ley, con el objetivo de ordenar el escalafón del sector. El ministro reconoció que se trata de un proceso gradual debido a la falta de cargos disponibles.
En paralelo, el Gobierno advirtió sobre el impacto que podría tener la medida de fuerza en el funcionamiento del sistema de salud. Según datos oficiales, la demanda en hospitales y centros de salud públicos creció cerca de un 60% en comparación con 2023.
Ante este escenario, el titular de la cartera sanitaria pidió que las diferencias se canalicen en las mesas de diálogo. Si bien remarcó que el derecho a la protesta es legítimo, señaló que un paro puede afectar a pacientes que tienen turnos, cirugías o estudios programados dentro del sistema público.
