El máximo tribunal debe resolver si la causa se mantiene en la justicia provincial o si debe ser investigada a nivel federal. En el centro del conflicto están $90 millones en fondos nacionales y la falta de los dispositivos adquiridos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir qué fuero será responsable de investigar una compra de equipos tecnológicos por $90 millones realizada en 2023 para la Policía de San Juan. La causa enfrenta un conflicto de competencia, ya que tanto la justicia provincial como la federal consideran que no les corresponde llevar adelante la investigación.
El punto de debate radica en el origen de los fondos y en quién ejecutó la compra. Si bien el dinero provino de un convenio entre la Secretaría de Seguridad de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, la gestión del proceso estuvo a cargo de autoridades sanjuaninas. El Ministerio Público Fiscal provincial sostiene que, dado que se trata de recursos nacionales, el caso debe ser analizado por la justicia federal. Sin embargo, su contraparte federal argumenta que, al haber sido la provincia la encargada de administrar la compra, la investigación debe quedar en manos de la justicia local.
El expediente llegó a la Corte Suprema luego de una serie de idas y vueltas entre los fueros. La denuncia inicial fue presentada a principios de 2024 por el exjefe de la Policía, Luis Martínez, quien alertó sobre la desaparición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, adquiridas con estos fondos. A pesar de que la compra fue informada a la Nación y figura en los registros oficiales, los dispositivos nunca llegaron a las dependencias policiales de San Juan.
Un informe interno de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública confirmó que el gasto se realizó, pero que los equipos no aparecen en el inventario de la Policía. Este hallazgo llevó al Ministerio Público Fiscal provincial a remitir la causa a la justicia federal en noviembre de 2024. No obstante, el juez federal Leopoldo Rago Gallo se declaró incompetente en diciembre, devolviendo el expediente a la justicia provincial, que también rechazó la competencia y elevó el caso a la Corte Suprema.
El convenio que habilitó los fondos se enmarcó en el Plan Piloto de Fortalecimiento Tecnológico para la Seguridad Ciudadana (FOR.TE.SE.C.), por el cual la Nación transfirió tres pagos de $30 millones a una cuenta específica para la compra de los equipos. Sin embargo, la rendición presentada por la Secretaría de Seguridad provincial, entonces a cargo de Carlos Munisaga, indica que los dispositivos fueron adquiridos y entregados, aunque en la práctica no se encuentran en ninguna dependencia policial.
El fallo de la Corte Suprema no tiene un plazo determinado, pero fuentes judiciales señalan que existen antecedentes similares en otras provincias en los que se resolvió que la justicia federal debía intervenir, aunque también hay casos en los que se determinó lo contrario. Hasta que se defina la competencia, la investigación permanece en una suerte de limbo judicial.
