A partir de la próxima semana, San Juan comenzará oficialmente a utilizar pistolas Taser en operativos de seguridad. Así lo confirmó el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, quien señaló que la medida se da tras haber finalizado con éxito la capacitación de los primeros efectivos habilitados para su uso.
El plan de incorporación de estos dispositivos, también conocidos como Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (DAME), busca mejorar la capacidad de respuesta de la policía en situaciones de riesgo, priorizando la protección tanto de la ciudadanía como de los propios agentes.
“Ya tenemos el marco legal definido y el personal entrenado. Las Taser comenzarán a usarse en operativos específicos bajo un protocolo estricto que contempla cada fase del procedimiento”, explicó Delgado. En esta primera etapa, serán 16 los agentes capacitados (15 hombres y una mujer), mientras que ya hay 40 unidades listas para ser distribuidas.
Según detalló el funcionario, el uso de estas armas no letales estará inicialmente a cargo de grupos especiales, pero la Jefatura de Policía evaluará su expansión conforme a los resultados y necesidades operativas. “El enfoque es preventivo y profesional: los agentes deben conocer a fondo no solo el uso técnico del dispositivo, sino también su marco jurídico y las consecuencias legales de su aplicación”, subrayó.
Aunque se presentan como una alternativa al uso de armas de fuego, las pistolas Taser han generado controversias en el plano internacional. Organismos de derechos humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU han advertido sobre su posible uso abusivo, dado que provocan un intenso dolor y, en algunos casos, incluso han causado muertes. Además, estadísticas internacionales señalan que la mayoría de quienes reciben una descarga eléctrica de este tipo están desarmados.
Desde el Gobierno provincial aseguran que el protocolo aprobado en San Juan contempla controles antes, durante y después de cada intervención, con la obligación de documentar y justificar su uso.
Este avance en equipamiento policial se enmarca en una política de modernización de la fuerza, que busca dotarla de herramientas más eficaces y seguras para actuar en contextos de creciente complejidad social.
