En el corazón del departamento 25 de Mayo, la comunidad Huarpe Salvador Talquenca enfrenta nuevamente la amenaza de ser desplazada de las tierras que habita desde hace más de un siglo. A través de un comunicado y en asamblea permanente, sus integrantes rechazaron con firmeza un reciente mandamiento judicial que reactiva una antigua disputa por la posesión de terrenos subastados en 2012, cuya propiedad consideran ancestral.
La orden fue emitida por el juez Luis César Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, y permite avanzar con la toma de tierras que, según denuncian desde la comunidad, fueron rematadas para saldar honorarios de un litigio sin respetar los derechos territoriales indígenas. En su momento, esa subasta había sido frenada gracias a la vigencia de la Ley 26.160, que protegía a los pueblos originarios frente a desalojos. Pero la derogación de esa norma a fines de 2024, mediante un decreto del gobierno nacional, reactivó el conflicto.
“El territorio que hoy vuelve a estar en disputa no solo es nuestra casa, es parte de nuestra identidad”, expresó Juana Castro, integrante de la comunidad. Allí viven actualmente más de diez familias, incluidos niños y personas mayores, en una economía de subsistencia ligada a la cría de animales, la producción artesanal y la vinculación espiritual con el entorno.
Los abogados Javier Alamino y Ariel López, que representan legalmente a la comunidad, confirmaron que ya presentaron recursos de reposición, revisión y apelación para frenar el proceso. “Estamos exigiendo que se respeten los derechos constitucionales y los tratados internacionales que amparan a los pueblos indígenas”, indicaron. Señalan que la comunidad Talquenca tiene más de 117 años de presencia ininterrumpida en el lugar, reconocida oficialmente por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y cuenta con personería jurídica como pueblo originario.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, desde la derogación de la Ley 26.160, muchas comunidades quedaron nuevamente expuestas a desalojos, sin que el Estado haya cumplido con el relevamiento territorial prometido.
“La eliminación de esa ley abrió la puerta al avance de intereses privados y al despojo. Lo que está ocurriendo no es solo un problema legal, es una agresión a nuestra cultura y modo de vida”, denuncian desde la comunidad.
A la espera de una nueva resolución judicial, los pobladores evalúan movilizarse hacia el microcentro sanjuanino en busca de visibilizar su reclamo y sumar apoyos. Llaman a organismos de derechos humanos, referentes políticos y a toda la sociedad sanjuanina a respaldar la defensa de sus tierras.
“Vamos a resistir. No solo por nosotros, sino por los que vendrán. Defender este territorio es defender nuestra historia, nuestra lengua, nuestra forma de ver el mundo”, concluyó Juana Castro.
