El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que el Ejecutivo sanjuanino cubre la deuda que mantiene la Municipalidad de Caucete con la distribuidora eléctrica. La medida busca evitar cortes de luz y preservar el servicio para los vecinos.
El Gobierno de San Juan salió al rescate de la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) para evitar su desfinanciamiento, ante una deuda millonaria que mantiene la Municipalidad de Caucete. Así lo confirmó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023, la provincia comenzó a cubrir pagos que el municipio no ha realizado, con el objetivo de asegurar el suministro de energía en el departamento.
Achem detalló que, al asumir la nueva administración, DECSA arrastraba una deuda cercana a los 300 millones de pesos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y que de no haber intervenido el Ejecutivo provincial, la empresa nacional podría haber cortado la provisión de energía al departamento.
«Es el Gobierno de la provincia quien paga supletoriamente las deudas del municipio con DECSA, para que los cauceteros no se queden sin luz», afirmó el funcionario, y subrayó que la prioridad del gobernador Marcelo Orrego «es cuidar a los sanjuaninos, más allá de las disputas políticas o administrativas».
Actualmente, según un informe del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la deuda acumulada de la comuna con la empresa eléctrica asciende a más de $465 millones, mientras que DECSA sostiene que, con intereses incluidos, el monto llega a los $650 millones.
Frente a esta situación, desde el Gobierno provincial se busca que el municipio y la empresa acuerden un plan de pago que permita recuperar lo que el Estado viene aportando.
Por su parte, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, expresó en redes sociales su disconformidad con el accionar de DECSA y el EPRE, al denunciar supuestas irregularidades en el cobro del servicio de alumbrado público. Afirmó que “se nos factura como si tuviéramos tres veces más luminarias de las que realmente existen” y aseguró que no cederá “ante ningún tipo de apriete”.
Mientras tanto, el EPRE avanza en una auditoría sobre el consumo y la facturación del alumbrado público y otros servicios municipales, con el objetivo de esclarecer los montos adeudados y facilitar una resolución al conflicto.
Desde el Ejecutivo destacaron que, a pesar de las diferencias, se mantiene la voluntad de diálogo y se continuará trabajando para que el servicio no se vea afectado en el departamento.
