La bioquímica sanjuanina Rosario Cortez fue beneficiada con una suspensión de juicio a prueba, luego de ser acusada de realizar una falsa amenaza de bomba al Hospital Rawson. Como parte de la resolución judicial, deberá abonar $4.000.000 en concepto de resarcimiento por el operativo desplegado y realizar tareas comunitarias.
El episodio ocurrió el pasado 3 de junio, cuando una breve llamada al 911 alertó sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo en el principal centro de salud de la provincia. La advertencia activó el protocolo de emergencia: se evacuó el hospital y se movilizaron fuerzas policiales, Bomberos y grupos especiales, generando una interrupción total de las actividades médicas y administrativas.
A través de tareas de geolocalización y análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a Cortez como la autora del llamado. Fue imputada por el delito de intimidación pública, pero en la audiencia realizada esta semana, las partes acordaron avanzar con una probation, que evita una condena penal si cumple con las condiciones fijadas.
La mujer tendrá plazo hasta el 28 de julio para pagar los $4 millones al Estado provincial, monto que representa los costos del operativo. También deberá realizar 36 horas de trabajo comunitario en una institución pública aún no definida, bajo supervisión judicial.
Este caso volvió a poner en debate las consecuencias del uso indebido de los servicios de emergencia, no solo por los recursos que implica, sino por el impacto directo sobre pacientes y trabajadores del sistema de salud.
